Los operativos están a cargo de las direcciones de Tránsito y Seguridad Ciudadana de la comuna junto a personal de Gendarmería y la Policía Bonaerense.
En el marco de la lucha para erradicar estas prácticas ilegales, el Municipio alega haber aportado distintas pruebas a la Justicia a partir de las cuales se pudieron identificar a personas que participan en “delitos de prueba de velocidad con vehículos sin la debida autorización” y a otras acusadas de “organizar y promocionar estos eventos” a través de las redes sociales.
Fruto de estas denuncias surgidas de los operativos de tránsito que lleva adelante la comuna, se hicieron allanamientos de viviendas y se secuestraron automóviles y armas de grueso calibre a personas que participaron de las pruebas ilegales; y computadoras y celulares a quienes presuntamente convocarían a las picadas.
Las picadas ilegales constituyen un delito penal y están tipificadas en el código en su artículo 193 bis: “Será reprimido con prisión de seis (6) a tres (3) años e inhabilitación especial para conducir por el doble de tiempo de la condena el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo automotor”.
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